Suman seis presos en huelga de hambre

SANDRA DE LOS SANTOS CHANDOMI

En el penal número uno del “Amate” ya suman seis presos en huelga de hambre. Mateo Hernández Bautista, militante de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (Cioac) se sumo ayer a la huelga de hambre que inició hace 17 días Sacario Hernández Hernández a la que también se unieron hace tres días cuatro integrantes de la “voz del Amate”.
Mateo Hernández Bautista pidió a su organización hacer un pronunciamiento para apoyar su manifestación al interior del penal, tal y como lo han hecho otras agrupaciones sociales como el Mocri y la Ocez.
Los seis reos que están en huelga de hambre se identifican como presos políticos y demandan su libertad inmediata argumentando que los delitos que se les imputa son prefabricados.
Sacario Hernández Hernández fue quien inicio esta huelga de hambre a la que ahora se han sumado otros presos. Sacario al igual que sus sus hermanos creyentes, Pascual Heredia Hernández, Enrique Hernández Hernández y Mariano Heredia Gómez, están acusados de haber asesinado a varias personas en enero del 2003 en San Juan Chamula.
A su demanda de liberación se han sumado públicamente el pueblo creyente de San Cristóbal de las Casas; quien ha realizado peregrinaciones para pedir su pronta absolución, el obispo de esa diócesis, Felipe Arizmendi.
Hasta ahora, Sacario Hernández no ha recibido ninguna respuesta a su demanda y solo el director del penal le ha dicho que su caso ya está siendo retomado por las autoridades.
Los presos en huelga de hambre no están recibiendo atención médica porque así lo decidieron y es que consideraron que el médico del reclusorio lo único que buscaba era tratar de disuadirlos de dejar su manifestación.

Denuncia casos de tortura en Chiapas

SANDRA DE LOS SANTOS

En Chiapas en tan solo una semana se han denunciado públicamente cuatro casos de tortura, uno de ellos en contra de un menor. Esta violación a los derechos humanos se ha dado en la misma semana en que un grupo de observadores internacionales de las garantías individuales recorrió diferentes comunidades de influencia zapatista.
Los casos de tortura fueron denunciados por la Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos, el Centro de Análisis Político e Investigaciones Sociales y Económicas, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y las Juntas de Buen Gobierno del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
El pasado 05 de febrero Felipe Hernández Yuena junto con su hijo Pavel Santiago Hernández Hernández de seis años fueron detenidos por elementos de la Agencia Estatal de Investigación y funcionarios del Ministerio de Justicia del Estado en el municipio de Venustiano Carranza.
Según el testimonio de Felipe Hernández, fue arrestado al mediodía del 05 de febrero sin que le mostraran una orden de aprehensión, ni le permitieran dejar a resguardo a su hijo con su esposa o conocidos.
Felipe Hernández y su hijo fueron llevados a dos lugares distintos que refieren como instalaciones policíacas. El menor de edad estuvo en un separo policial, mientras su padre era interrogado sobre su actuar político y con la intención de vincularlo con el Ejército Popular Revolucionario (EPR).
“A cada pregunta un golpe en la nuca con la palma de la mano cachetas y en el estomago y como yo les contestaba que no sabia nada de lo que me estaban preguntado, los golpes eran mas duros y mas seguidos, esto duro cerca de una hora y media” cuenta el agraviado.
Después de los golpes siguieron otros actos de tortura colocándoles una bolsa de plástico en la cabeza, golpes en el abdomen y tórax, asfixia para taparle la nariz y boca y amenazas constantes de traer a su esposa e hijo.
Al detenido las autoridades judiciales lo involucran con el EPR y con la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ) en el municipio de Venustiano Carranza.
Con muestras de tortura por la tarde, el detenido fue llevado ante la Fiscalía del Ministerio Público quien le informó sobre una acusación en su contra promovida por un señor de nombre Manuel Martínez Borraz, quien no exhibe credencial de elector y ninguna referencia hacia su persona, mismo que supuestamente lo acusa de incitar a la violencia, desestabilizar al gobierno del estado, de ser el líder de la manifestación que se realizó el 31 de enero de 2008, de luchar contra el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y por pedir precio justo a la tonelada de maíz, lo cual a consideración del FMP configuraba el delito penal de sedición y motín. La misma Fiscal insistió en interrogarlo vinculándolo con el EPR, a lo que Felipe se negó a declarar en tanto no estuviera presente un abogado de su confianza ya que deseaba denunciar los hechos de tortura solicitando garantías a su integridad física, este derecho le fue ignorado y nuevamente fue llevado a los separos del Ministerio en donde continuó la tortura. Por otra parte y sin certeza de lo que haya ocurrido al niño Pavel, el menor refiere que en todo el tiempo de su detención no le fueron proporcionados alimentos; además de haber sido aislado de su padre, presenció la detención y sometimiento. Después de una amplia participación social de organizaciones civiles y campesinas que se solidarizaron con el caso de Felipe y Pavel, el 06 de febrero por la tarde salió en libertad bajo la figura jurídica de “reservas de ley” que aún no lo exime de la supuesta acusación.
Asimismo, en esta misma semana, los mismos centros de derechos humanos denunciaron la detención y tortura de dos bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
Eliseo Jiménez y Eliseo Espinosa, padre e hijo, fueron detenidos y llevados al Centro de Readaptación Social (Cereso) de Playas de Catazaja. Ambos al momento de su liberación el pasado viernes 08 de febrero presentaron huellas de tortura.
Ambos, dice el reporte de los organismos de defensa de los derechos humanos, presentaban huellas de tortura: golpes en su anatomía, quemaduras en la espalda baja y un disparo con un arma de fuego en el pie que sufrió Eliseo Jiménez.
A inspección médica, el estado de salud de Eliseo Jiménez es delicado presentando: dificultad para respirar, tos frecuente, quemadura en la espalda, herida de bala en el dedo del pie derecho, brazo derecho inmovilizado, raspaduras en la oreja izquierda, dificultades para digerir al comer ya que lo devuelve y estado de estrés.
Los centros de derechos humanos y la Junta de Buen Gobierno también denunciaron que durante el proceso de defensa hubieron obstrucciones.
Ante estos hechos, los organismos de defensa de las garantías individuales exigieron el cese de tortura en los centros penitenciarios, castigo a los responsables de estos hechos.
También pidieron investigar la asociación de la policía estatal con miembros de la Organización Para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (OPDDIC) para amenazar, hostigar y agredir impunemente a pobladores de la región e informar las causas de la reciente liberación de Pedro Chulin Jiménez, fundador y líder de la OPDDIC, quien permanecía recluido en el penal del Amate y cuya actuación puede repercutir en un incremento de las hostilidades en las comunidades de influencia zapatista y consideraron como anticonstitucional la Ley, recientemente aprobada en Chiapas, que criminaliza la protesta.

Castigan las movilizaciones sociales en Chiapas

SANDRA DE LOS SANTOS

Ante la reciente aprobación por parte del Congreso del Estado de una iniciativa de Ley enviada por el gobernador, Juan Sabines Guerrero, que castiga las movilizaciones sociales, diferentes organismos de defensa de los derechos humanos en Chiapas se sumaron a la campaña nacional en contra de la criminalización de la protesta social que impulsa la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos. En menos de un mes, en Chiapas se han registrado diferentes hechos, que apuntan a la criminalizacion de la protesta denunciaron los organismos de defensa de los derechos humanos como: Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, en San Cristóbal de las Casas; Centro de Derechos Humanos "Fray Matías de Córdova" en Tapachula; el Centro de Derechos Indígenas (CEDIAC)en Bachajon; el
Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos en San Cristóbal; ek Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (CDLI) en Palenque y el Comité de Derechos Humanos "Fray Pedro Lorenzo de la Nada" en el municipio de Ocosingo. El pasado el 17 de enero el Congreso del Estado aprobó la iniciativa del gobierno estatal para crear el delito de incitación a
la violencia que establece “Al que por cualquier medio de
manera pública o privada incite a cometer un delito, o haga la
apología de éste o de algún vicio se le impondrá prisión de seis meses
a tres años y multa de diez a cincuenta días de salario”.
Es en la exposición de motivos en donde se revelan los destinatarios de la creación de este nuevo delito, textualmente refiere: "el sujeto activo que exteriorice o materialice una conducta al manifestar por cualquier medio, pudiendo ser de manera escrita, verbal, electrónica, signos, gráficos o cualquier otro medio posible, realice de manera pública o privada, provocar el ejercicio de la violencia, de un delito o apología de estos o de algún vicio, con el propósito de causar daño físico, psicológico, emocional, para impedir el ejercicio de un derecho o del servicio público u otros análogos, en contra de cualquier persona física o moral privada u oficial". Con esta nueva reforma al código penal se crea un mecanismo más de inhibición social para la denuncia y movilización ciudadana, bajo el supuesto de que al reclamar derechos afectados están "incitando" a la violencia consideraron los organismos de defensa de los derechos humanos.
El pasado 30 de Enero, elementos de la Policía Estatal Preventiva desalojaron a un grupo de indígenas que realizaban un plantón afuera de las oficinas de la Secretaría de Pueblos Indios (SEPI), la protesta de los indígenas, pertenecientes a la Alianza de Organizaciones y artidos Políticos para el Desarrollo y Defensa de los Derechos de las doce Lenguas Indígenas, reclamaba pacíficamente la destitución del titular de la dependencia estatal.
El 31 de Enero, fue detenida la caravana de vehículos de la
Organización de Maiceros de la región Centro de Chiapas que participó
en la concentración de Tuxtla Gutiérrez en el marco de las
movilizaciones de protesta contra la apertura del paquete agropecuario
del Tratado de Libre Comercio (TLC). En el operativo, policías
estatales en coordinación con elementos de la Agencia Estatal de
Investigaciones y de Agencia Federal de Investigaciones detuvieron a
Pedro Matusalén Vázquez, originario de la comunidad de Nicolás Ruiz.
Al anochecer el campesino fue liberado bajo la advertencia de no
volverse a meter en nada y decirle a sus compañeros que no volvieran
a venir porque a la próxima serían más. El 5 de febrero, uno de los principales oradores en la
movilización campesina que se celebró en Tuxtla Gutiérrez el pasado 31
de enero, Felipe Hernández Yoena, fue detenido por policías estatales,
quienes lo acusaron de los delitos de motín y rebelión. La detención
se dio en la cabecera municipal de Venustiano Carranza, donde
Hernández Yoena labora como maestro de matemáticas. Sus
compañeros campesinos recibieron otra advertencia al decirles que el
problema del TLC era federal, que no tenían porqué manifestarse en
Chiapas, que el gobernador no quería manifestaciones ni problemas en
el estado.
El mismo 5 de Febrero, policías estatales y municipales
desalojaron a habitantes de las colonias Pomarosa, Miravalle,
Villareal, y Canteras de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez mientras se
manifestaban frente al palacio de gobierno para exigir seguridad en su
zona y es que recientemente fue atacada una monja en un paso peatonal ubicado cerca de estas colonia, nadie pudo auxiliar a la religiosa porque el paso peatonal estaba tapado con publicidad. Al respecto el alcalde de Tuxtla Gutiérrez, Jaime Valls Esponda advirtió que va a hacer prevalecer la ley por encima de intereses personales o de grupo.
Los hechos que se han registrado en menos de un mes en Chiapas dan cuenta de la tendencia hacia criminalizar las protestas sociales y
ciudadanas en la exigencia de sus derechos manifestaron las agrupaciones sociales y organismos de defensa de los derechos humanos.
Insistieron en que la protesta social es la garantía social de los derechos humanos frente a gobiernos que incumplen con garantizar los mismos.

Aumenta la mortalidad materna en Chiapas


Cifras de muerte materna en Chiapas igual que las de África
Organismos internacionales están retirando su apoyo a México para abatir la mortalidad materna

SANDRA DE LOS SANTOS

El número de mujeres que murieron en Chiapas por causas relacionadas al embarazo aumentó en el 2007 en comparación al año anterior según las estadísticas del Centro Nacional de Equidad, Género y Salud.
Según un análisis realizado por Paola Sesia, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social (Ciesas) las cifras de mortalidad materna en Chiapas son comparables a la de cualquier país africano.
Chiapas paso del lugar quinto que ocupaba en el 2005 al segundo en muerte de mujeres por causas relacionadas al embarazo, solo después de Guerrero. En el 2005 la tasa de mortalidad fue de 89.4, en el 2006 la cifra incremento a 90.1 y en el 2007 en la semana 49 la cifra de mortalidad materna en el estado ya era mayor que en la del 2006.
El estado no ha tenido una baja sostenida de los índices de mortalidad materna, en la administración pasada se mantuvo en sus indicadores y estuvo dentro de los cinco primeros lugares de muerte materna, pero a partir del 2006 se empezó a registrar un aumentó en su razón de fallecimientos de mujeres por causas relacionadas al embarazo.
Las principales causas de muerte materna en Chiapas son: hemorragia obstétrica, trastornos hipertensivos, complicaciones del embarazo o parto, causas indirectas, abortos mal practicados, VIH y complicaciones después del alumbramiento señala el informe que el Centro Nacional de Equidad, Género y Salud mostró en la reunión de noviembre del 2007 en Londres, en donde se reunieron los representantes de salud de todos los países, organizaciones civiles y académicas para discutir el tema de mortalidad materna.
Las causas de mortalidad materna en el estado son evitables de tener atención oportuna de calidad y una mejor calidad de vida señaló la investigadora del Ciesas.
La muerte materna está muy relacionada con las condiciones de vida de las mujeres y el acceso a los servicios de salud. Las mujeres que habitan los 21 municipios con más alta marginación en el estado tienen cuatro veces más la posibilidad de morir por complicaciones del embarazo que las habitantes del resto de la entidad.
El informe de la instancia de salud a nivel federal señala que por jurisdicción sanitaria en Chiapas, Ocosingo en la jurisdicción que mayor razón de muertes maternas presentó en el 2006, seguido de Pichucalco, San Cristóbal de las Casas, Villaflores, Motozintla, Tapachula, Comitán, Tuxtla Gutiérrez, Tonalá y Palenque.
Por número de muertes maternas el orden cambia, pero es porque la razón toma en cuenta el número de fallecimiento de acuerdo al número de mujeres en edad reproductiva.
Paola Sesia consideró que el aumentó de muertes de mujeres durante el embarazo, parto o seis meses después del alumbramiento en Chiapas se debe a que a un año de la actual administración no hay un programa para atender la mortalidad materna.
Opinó que de seguir en las mismas condiciones el número de muertes de mujeres seguirá incrementando.
Dijo que los organismos internacionales están retirando su apoyo a México para abatir la mortalidad materna por considerar que ya no es un problema en el país.
“A nivel nacional pareciera que la mortalidad materna ya no es un problema porque hay estados que no presenta ni una muerte de mujeres por causas relacionadas al embarazo, pero eso se debe a las desigualdades sociales que existen en el país, mientras hay lugares en México que tienen un nivel de vida igual que el de Canadá, hay otros como Chiapas las mujeres tienen las mismas condiciones de vida que en Africa” apuntó la investigadora.

Viola los derechos humanos la muerte materna

El hecho de que la mortalidad materna es evitable viola los derechos de las mujeres a la vida, la salud y la no discriminación opinó la representante de la agrupación civil kinal Anzetik, Lina Rosa Berrio.
Señaló que la mayoría de las mujeres que mueren por causas relacionadas al embarazo son indígenas y no tienen acceso a los servicios de salud.
La activista por los derechos de las mujeres se mostró preocupada porque los organismos internacionales está retirando su apoyo para abatir la mortalidad materna en México. Dijo que está situación a quien más le perjudica es a estados como Chiapas que tienen un alto índice de muerte materna.
Consideró que el gobierno federal y de los estados como Chiapas con alto índice de muerte materna deben de tener programas para atender esta problemática.
La muerte materna representa la cuarta causa de fallecimientos entre mujeres en edad reproductiva. La muerte de mujeres por causas relacionadas el embarazo es una de las metas del milenio y es también un indicador internacional para evaluar los progresos en la lucha por eliminar la desigualdad social.
Lamentó que a un año de esta administración aún no exista una política pública en el estado para atender la muerte de mujeres por causas relacionadas al embarazo. Lina Rosa Berrio recalcó que es esencial que aumenten los gastos y políticas para atender está problemática.

Sueldos de funcionarios

SANDRA DE LOS SANTOS CHANDOMI

A pesar que la Ley de Transparencia y el Derecho a la Información Pública obliga a todas las dependencias y organismos descentralizados a dar a conocer la remuneración de todo su personal, en el portal único de transparencia del poder ejecutivo aún no se puede consultar el salario mensual de todos los funcionarios de gobierno.
En el portal único de transparencia aún no se encuentra la información que señale cuál es el salario mensual de los funcionarios del ISSSTECH, DIF, Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico (CECAM), el IEA, Cocytech, la Universidad Intercultural, Cecytech, Instituto de Bioenergéticos y los Centros de Readaptación Social.
Según información obtenida en el portal único de transparencia el gobernador del estado recibe un sueldo mensual de 116 mil 810 pesos con 92 centavos. Cabe señalar que en el sito de la Contraloría General del Estado no está especificado cuánto reciben el titular de cada secretaría, solo señala que los Secretarios de Estado o sus equivalentes tienen un sueldo que va de los 19 mil 981 pesos con 96 centavos a los 101 mil 561 pesos con 18 centavos.
Los funcionarios de gobierno que tienen una de las dietas mensuales más altas del gabinete, además de los Secretarios de Estado, son el Director General del Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo, quien recibe entre los 85 mil 380 pesos y los 112 mil 638 pesos y el representante en Chiapas en el Distrito Federal que tiene un salario de 94 mil 721 pesos con 18 centavos.
El chofer del gobernador recibe un salario mensual de 11 mil 273 pesos con 46 centavos, sueldo mayor del que percibe, por ejemplo, un profesionista reportero del Sistema Chiapaneco de Radio y Televisión con la más alta categoría que es de 8 mil 801 pesos.
El director del Coneculta es uno de los que tiene más alto salario de los titulares de los organismos descentralizados, mensualmente recibe 76 mil 367 pesos con 83 centavos. La directora del IHNE tiene una dieta de 67 mil 580 pesos con nueve centavos. La directora del Instituto de las Artesanías recibe un cheque por 64 mil 366 pesos con 74 centavos. El director general de Comcafe tiene asegurados mensualmente 59 mil 766 pesos. El director general de talleres gráficos recibe 54 mil 899 pesos.
Por su parte, los consejeros del IEAP tienen un sueldo mensual de 51 mil 390 pesos. El director general del Sistema Chiapaneco de Radio y Televisión tiene un salario de 51 mil 98 pesos. La Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje recibe entre los 11 mil 817 pesos con 32 centavos y los 27 mil 836 pesos con 30 centavos.
A los titulares de las instituciones educativas no les va tan mal, el rector de la Universidad Politécnica percibe un salario mensual que va de los 78 mil 281 pesos con 82 centavos y los 95 mil 725 pesos con 47 centavos; el rector de la Universidad Tecnológica de la Selva recibe 59 mil 158 pesos con 90 centavos; el director del Instituto Tecnológico de Cintalapa recibe un sueldo de 29 mil 728 pesos; el director general del Cobach su salario es de 65 mil 571 pesos con 50 centavos y el del ICATECH 53 mil 377 pesos con 96 centavos.
Los sueldos entre el titular de la dependencia y su segundo a bordo es en muchas instancias de una considerable diferencia, por ejemplo, la titular del IHNE recibe mensualmente 67 mil 580 pesos y su inmediato en el organigrama tiene un salario de 24 mil 768 pesos, ni la mita que lo de su jefa. En el resto de las dependencias sucede lo mismo.
Si se compara lo que recibe un trabajador con salario mínimo actual con un funcionario público la diferencia es abismal. El sueldo mensual de cualquier empleado con salario mínimo es de mil 485 pesos.
En el portal único de transparencia no se especifica las prestaciones que reciben los funcionarios nada más sus salarios netos.

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