Congreso del Estado no tiene facultad para otorgar más presupuesto al IEPC

Sandra de los Santos.- El Congreso del Estado no tiene facultad para otorgarle más recursos al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) para organizar el proceso electoral de este año aclaró el Presidente de la Mesa Directiva, Zoé Robledo Aburto.

El legislador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) dijo que si el IEPC necesita más fondos tendrá que gestionarlos ante la Secretaría de Hacienda ya que el Poder Legislativo no tiene facultad para poderle dar más recursos.

El presupuesto que se le otorgó al IEPC para este proceso electoral es el mismo que el que se le dio para organizar el proceso del 2010, en donde se eligieron diputados locales y presidentes municipales, en este proceso también se elegirá gobernador del estado y también habrá voto en el extranjero para elegir a un diputado.

A pesar de esto, Robledo Aburto consideró que los 390 millones de pesos que el Congreso del Estado le otorgó al IEPC de presupuesto para este año son suficientes ya que al ser concurrentes las elecciones se tiene un ahorro significativo porque se pueden compartir gastos con el Instituto Federal Electoral (IFE).

El Presidente del IEPC, José Luis Zebadua Maza declaró hace unos días que el presupuesto que le aprobó el Poder Legislativo no les será suficiente ya que necesitan al menos 600 millones de pesos para organizar el proceso electoral.

José Luis Zebadua Maza dijo que el aumento del presupuesto se debe a que no se tenía contemplado el voto en el extranjero así como el incremento de la lista nominal, aunque hasta ahora no se tiene el número exacto de los posibles votantes.

IFE sube a su portal lista de precandidatos a diputados y senadores

· Nombres de diputados locales, federales y presidentes municipales están en los registros

Sandra de los Santos.- El Instituto Federal Electoral (IFE) subió a su página electrónica las listas de los candidatos a diputados federales y senadores tanto por la vía plurinominal como uninominal. En las listas figuran nombres de actuales presidentes municipales, diputados federales, legisladores locales. Algunos de ellos están inscritos en varias listas, aunque esto les podría costar la candidatura de ambas.

La lista se va actualizando cada día ya que la propia página tiene a la disposición un formato que permite a los partidos políticos subir vía electrónica el registro de sus precandidatos.

Hasta ahora los partidos políticos que ya han subido sus registros son: el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido Nueva Alianza (Panal).

En la lista de senadores por la vía de mayoría relativa por el PAN aparece Ovidio Cortázar Ramos. Por el Partido de la Revolución Democrática hay al menos una decena de nombres, entre ellos: Rutilio Escandón Cadena, Fernel Galvez, Alejandro Gamboa, Jorge Moscoso Pedrero, Federico Ovalle, Matín Ramos Castellanos y Magdalena Torres Abarca.

A pesar que Rutilio Escandón Cadena había señalado su disposición para participar en el proceso interno del PRD para elegir su candidato a la gubernatura, él ya está en la lista de precandidatos a la senaduría.

Alejandro Gamboa, además de estar en la lista de precandidatos por el principio de mayoría relativa, también está en la lista de candidatos a senadores por la vía plurinominal.

En el caso de Martín Ramos Castellanos no sólo está registrado como precandidato a la senaduría, sino también como precandidato a la diputación federal por el distrito 10 y además está en la lista de candidatos a diputados por la vía plurinominal.

De acuerdo al artículo 23 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) ninguna persona podrá registrársele como candidato a distintos cargos de elección popular en el mismo proceso electoral, sin embargo Martín Ramos Castellanos está en diferentes listas.

En la lista de candidatos a una diputación federal por el PAN por la vía plurinominal aparece el actual Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Juan Jesús Aquino Calvo; en la lista del PRD de diputados plurinominales está el Presidente de la Mesa Directiva del Poder Legislativo, Zoe Robledo Aburto.

En la lista de precandidatos del PRD a una diputación federal por el principio de mayoría relativa están: Agustín Peñate López por el distrito 01; Marcelino Núñez por el distrito 02; el actual diputado local, Lester Hernández Esquinca por el distrito 10, por ese mismo distrito también está el alcalde de Cintalpa, José Guillermo Toledo Moguel; entre otros.

Algunos de los que se registraron como precandidatos por el Movimiento Ciudadano son: Walter León Montoya por el distrito 09 y Mauricio Gandara Gallardo por el distrito 12.

La mayoría de los que se registraron como precandidatos ya andan en precampaña, aunque no han pedido licencia en sus actuales cargos, pero la Ley no se los exige.

Cabe mencionar que por tratarse de una elección federal el encargo de regular todo lo que tenga que ver con sus precampañas es el Instituto Federal Electoral (IFE).

Pide IEPC 65% más de presupuesto para elecciones de este año

Sandra de los Santos.- Los 390 millones de pesos que el Congreso del Estado aprobó de presupuesto para que el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) organice las elecciones locales de este año son insuficientes aseguró el Presidente del Instituto, José Luis Zebadua Maza.

Para organizar las elecciones de este año el Consejero Presidente calculó que el instituto necesitaría al menos 600 millones de pesos, es decir, la Secretaría de Hacienda y el Congreso del Estado tendría que otorgar al órgano electoral 65 por ciento más del presupuesto aprobado este año al instituto para que se pueda cubrir el monto.

José Luis Zebadua Maza dijo que el aumento del presupuesto se debe a que no se tenía contemplado el voto en el extranjero así como el incremento de la lista nominal, aunque hasta ahora no se tiene el número exacto de los posibles votantes.

Inclusive dijo que si las elecciones a diputados locales y presidentes municipales hubieran sido diferidas a la de gobernador del estado el costo de la organización del proceso electoral sería 180 millones de pesos más. “Al ser un solo día las elecciones el ahorro es de 180 millones de pesos”.

Las pasadas elecciones del 2010, en la que se eligieron diputados y presidentes municipales, el gasto para la organización del proceso electoral fue de 390 millones de pesos, el mismo recurso que se le otorgó este año al IEPC.

Hasta ahora la Secretaría de Hacienda y el Congreso del Estado no ha resuelto incrementar el recurso para la organización del proceso electoral, pero el presidente consejero confió en que si se apruebe el aumento.

De marginadas a homicidas: mujeres choles encarceladas por mal parir

Patricia Chandomí.- El Estado jamás apoyo su maternidad, en total las tres tuvieron 13 hijos al margen de cualquier política social; excluidas, marginadas y empobrecidas, hoy Carmen, Juana y Rosario, jóvenes, indígenas, pobres, violentadas, monolingües y analfabetas están privadas de su libertad en el penal de San Cristóbal de las Casas, de parir solas, sin atención médica y en situaciones de pobreza extrema, pasaron a homicidas.


“No fueron sentenciadas por aborto, sino por homicidio agravado en grado de parantesco; aquí está claro como para amolar más a las mujeres se apropian de nuestros discursos, nosotras quisimos agravar los feminicidios en grado de parantesco, porque no es lo mismo que te asesine un desconocido a que te asesine una persona que ha sido tu compañera; pero no paso, sin embargo, para el delito de homicidio por grado de parantesco cuando las procesadas son mujeres si aplican, hasta con un sólo testigo” sostuvo la destacada abogada feminista, Martha Figueroa.


La abogada lleva los tres casos de Carmen, Juana y Rosario todas indígenas choles de la zona norte de Chiapas, acusadas de homicidio agravado en grado de parentesco, “en realidad estas mujeres tuvieron malos partos, todas fueron señaladas de malas madres, cuando lo que falló fue el Estado por mantenerlas en total marginación y exclusión”.




Carmen sobreviviente de tortura doméstica


“No tengo el valor ni de matarme” dice Carmen, después hace una gran pausa y no vuelve a hablar, sus compañeras de celda justifican “es por el maltrato del marido le llegó a pegar hasta con leños del fogón, le pegaba en la cabeza, le pegaba unas patadas como si fuera hombre, como si fuera animal, como si no sintiera nada”, su abogada también confirma “Carmen ha vivido mucha violencia, eso le ha provocado una visible disminución mental”.


Carmen es una indígena chol de la zona norte de Chiapas, madre de 5 niños, su esposo la torturo por años, la amenazaba de muerte, el esposo no sólo la torturaba a ella, llegó a agredir a su propia madre, quien al igual que Carmen lo denunció en repetidas ocasiones, sin embargo, el torturador salía libre.


En su sexto embarazo Carmen decide dejar a su “compañero” y mantiene una relación con su cuñado quien es policía de su comunidad, “yo me sentía protegida cuando estaba con el, pero cuando se iba a trabajar llegaba José y me decía que me iba a matar, que ese hijo no era de él, que en cuanto naciera me iba a matar a mí y a la criatura, yo viví todo el embarazo con mucho miedo, tenía miedo que nos matara,” dijo Carmen, antes de quedar en silencio.


Con el apoyo de un traductor Carmen cuenta su historia “como todas las mañanas me fui a la milpa, no sabia que ahí me iba a agarrar el parto, yo sabia que era tener hijos, yo tenia ya 5 hijos, pero me acobardé, tuve tanto miedo que llegara él y nos matara, tuve al niño y me puse a gritar para que nos ayudaran, como nadie llegaba, me arrastré por el campo, con mucho dolor y miedo, pero nadie me ayudó, cuando regresé a buscar a mi hijo ya no estaba y en eso llegó la policía y me trajo a la cárcel por homicidio”.


En marzo del 2012 Carmen cumplirá un año en el ala femenil del penal número 5 de San Cristóbal, se le acusa de homicidio agravado en grado de parantesco y está en espera de ser sentenciada.



Juana mi preocupación de todos los días es que mis hijos no murieran de hambre


En la misma situación se encuentra Juana y su esposo Caralampio, ambos están acusados de tentativa de homicidio agravado por grado de parantesco.


Juana y Caralampio ya no querían tener más hijos, “somos muy pobres, había veces que a mis 6 hijitos les daba yo una tortilla al día, yo decía mis hijos se me van a morir de hambre, esa era mi preocupación de todos los días, nos poníamos a llorar de tanta pobreza, todos trabajábamos el campo y no alcanzaba”.


A Juana le agarró el parto en el cafetal, “nunca visité doctor ni nada, no podía parar a descansar, había que trabajar todos los días, y trabajando me llegó el niño, nació ahí en el monte, lo dejé ahí arrimado a unas plantas mientras fui rápido a avisarle a mi marido, cuando regresé ya no estaba, pensé que había caído al barranco, al regresar a mi casa ya nos estaba esperando la policía, nos acusaron de intentar matarlo”, explicó Carmen.


“Ahí supe que mi hijo vivía, nos lo quitaron, el DIF ya lo dio en adopción, nos acusaron de quererlo matar, y estamos encerrados, yo me siento muy impotente, me preocupan mis hijos, a veces me quedo pensando si con nosotros a duras enas si comian que es de ellos ahora que su padre y su madre están encerrados” señala Juana, quien apenas está aprendiendo español al igual que Carmen.


Carmen y Juana, jóvenes, indígenas, pobres, violentadas, monolingües y analfabetas esperan su sentencia, ambas ya cumplieron 10 meses encarceladas.


Rosario 9 años en prisión por un mal parto


Rosario es también indígena chol, de una comunidad de Palenque, trabajaba de mesera y tenía un embarazo de 8 meses, vivía sola no tenía compañero, en el Restaurant-bar donde trabajaba en ocasiones tenía que acompañar al cliente a beber unos tragos, “era el único lugar donde me aceptaban con 8 meses de embarazo, ese dinerito me permitía pagar mi cuarto, ese día me acuerdo dejé de beber en cuanto me senti un poco mareada, vivía en un cuartito de azotea, donde se subía por una escalera de madera, iba subiendo cuando me caí y así perdí a mi bebé, ni bien me había repuesto de la pérdida cuando me dicen que yo debía ir a la cárcel por matar a mi hijo”.


Rosario fue sentenciada a 15 años de prisión por ser primodelincuente, su delito fue “homicidio agravado en grado de parentesco”, al igual que Carmen y Juana, sólo que la joven lleva 9 años de su vida en prisión.


En esos largos 9 años, Rosario aprendió español, hoy puede contar su historia sin ayuda de un traductor; Rosario se ha embarazado un par de veces en el penal, pero ningún embarazo llega a buen termino, por su deficiente estado de salud. Rosario suspira por sus dos hijos que dejó antes de ingresar al penal.


“Aquí las autoridades juzgaron a Rosario por el contexto, como era sola, pobre y trabajaba de mesera, dieron por hecho que le estorbaba tener un hijo; es absurdo esperar 8 meses y después dejarte caer de una escalera que pone en peligro tu vida misma; en estos tres casos está claro la misoginia que actúa contra las mujeres y el castigo corporal y social a las más pobres e históricamente marginadas, por eso buscó que las liberen lo más pronto posible, exijo que estas mujeres tengan acceso a la justicia” sostuvo la abogada.


Este caso ilustra la clara violación a los derechos de las mujeres contemplados en la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, concretamente el Estado Mexicano violó el Artículo 12 que garantiza el acceso a la salud a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a servicios de atención médica, inclusive los que se refieren a la planificación de la familia.


Los Estados Partes garantizarán a la mujer servicios apropiados en relación con el embarazo, el parto y el período posterior al parto, proporcionando servicios gratuitos cuando fuere necesario y le asegurarán una nutrición adecuada durante el embarazo y la lactancia.

Con estos casos es evidente también el incumplimiento del artículo 14 que señala

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en las zonas rurales a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, su participación en el desarrollo rural y en sus beneficios, y en particular le asegurarán el derecho a: Tener acceso a servicios adecuados de atención médica, inclusive información, asesoramiento y servicios en materia de planificación de la familia;Beneficiarse directamente de los programas de seguridad social.

Así como obtener todos los tipos de educación y de formación, académica y no académica, incluidos los relacionados con la alfabetización funcional, así como, entre otros, los beneficios de todos los servicios comunitarios y de divulgación a fin de aumentar su capacidad técnica; gozar de condiciones de vida adecuadas, particularmente en las esferas de la vivienda, los servicios sanitarios, la electricidad y el abastecimiento de agua, el transporte y las comunicaciones.

En un año cinco juicios políticos se han solicitado en contra de Presidentes Municipales

Sandra de los Santos.- Es el periodo más corto de administración municipal, sólo año y ocho meses y en estos primeros 12 meses se han presentado ante la Comisión de Justicia del Congreso del Estado cinco solicitudes de juicios políticos en contra de Presidentes Municipales, dos de ellas han procedido, dos se han declarado improcedentes y una más está en trámite.

Es el periodo en donde más alcaldes han sido desaforados. El Presidente de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado, Javín Guzmán Vilchis consideró que esto se debe a que se le ha dado continuidad a las denuncias. Aunque otra lectura podría ser que los alcaldes están incurriendo en más delitos o las denuncias se están dando.

El Presidente de la Comisión de Justicia del Congreso Local, Javín Guzmán Vilchis recordó que los dos casos en los que procedieron los juicios políticos fue en el caso del ex presidente de Jiquipilas, Niver López Hernández, acusado de abuso de poder por encubrir a su hijo, quien disparó contra un indigente que se encontraba privado de su libertad en la cárcel del municipio. El segundo caso fue el del ex alcalde de Tumbalá, Porfirio Ramos Torres, quien fue retirado de su cargo para enfrentar un proceso judicial por los delitos de lesiones y abuso de autoridad cometidos en agravio de Simón López Luna. Ambos casos sucedieron durante el año pasado.

A la Comisión de Justicia también llegaron dos casos más de solicitud de desafuero, pero ambas fueron declaradas improcedentes por considerar que los alcaldes no habían incurrido en las faltas que se les atribuía. El primer caso fue el del alcalde de Chiapa de Corzo, Límbano Domínguez, a quien se le acusó de negligencia ya que a pesar de un dictamen de Protección Civil que le pedía dejar de construir una barda, él continuo con la construcción y ésta se derrumbo ocasionando daños en varias personas. El segundo caso fue el del edil de Tenejapa a quien se le acusó de provocar un enfrentamiento en ese municipio.

El caso que está pendiente es el del Presidente Municipal de Playas de Catazajá, José Luis Damas Ortiz, a quien regidores y diputados priístas lo acusaron encarcelar a regidor Nelson Solís Díaz y haber enviado a golpear a Esther Solis Espinosa y Fabiola Solis Díaz, hermana e hija, respectivamente, del mismo regidor. Este caso continúa en trámite y se está esperando que los regidores que denunciaron al alcalde comparezcan ante la Comisión de Justicia para confirmar su denuncia.

Javín Guzmán Vilchis apuntó que cualquier persona que haya sido directamente ofendida puede solicitar un juicio político en contra de un alcalde, pero estos proceden cuando se trata de un delito grave y la Comisión de Justicia dictamina que si hay elementos para considerar que debe de ser juzgado por las autoridades de justicia.

“Aquí se les desafuera para que puedan someterse a un juicio por parte de las autoridades de justicia, nosotros no damos sentencias, ni dictaminamos si son culpables o inocentes, lo que vemos es que existan los elementos para poder desaforarlos” aclaró el diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

El legislador exhortó a los presidentes municipales a acatarse a cumplir la Ley y responder a la tarea para la que fueron elegidos.

Piden al Congreso desafuero de alcalde de Catazajá

Sandra de los Santos.- Regidores priístas del municipio de Catazajá, apoyados por legisladores de ese mismo partido, solicitaron ayer de manera formal al Congreso del Estado el desafuero del alcalde de ese municipio, José Luis Damas Ortiz.

El presidente de la mesa directiva del Congreso Local, Zoé Robledo Aburto confirmó que los regidores del PRI hicieron llegar un documento solicitando el desafuero del alcalde para que pueda ser sujeto a una investigación judicial por los delitos de abuso de autoridad y lesiones en contra del regidor priísta, Nelson Solís Díaz. La solicitud se turnó a la Comisión de Justicia.

Cabe recordar que en la sesión del pasado 05 de enero, los diputados Vicente Méndez Gutiérrez y Víctor Ortíz del Carpio solicitaron que se tratara de pronta y obvia resolución el punto de acuerdo para llamar a comparecer al presidente municipal de Catazaja por haber, presuntamente, encarcelado al regidor Nelson Solís Díaz y haber enviado a golpear a Esther Solis Espinosa y Fabiola Solis Díaz, hermana e hija, respectivamente, del mismo regidor. La solicitud de los diputados no prosperó por no ser el trámite legislativo que correspondía por ello es que este martes se presentó la solicitud de manera formal.

La agresión al regidor, según su versión, se dio después de que protestara durante el informe del alcalde por la falta de reuniones de cabildo.

En una entrevista, el diputado del PRI, Víctor Ortiz del Carpio aseguró que existen los suficientes elementos para desaforar al presidente municipal de Catazaja ya que la agresión está documentada y existe una denuncia penal en contra del edil, aunque hasta ahora la Procuraduría de Justicia del Estado no ha hecho ninguna solicitud de desafuero al Poder Legislativo.

Cabe mencionar que en lo que va de este periodo de gobierno de los alcaldes ya se han discutido dos casos de desafuero, éste sería el tercero, dos de ellos son de presidentes municipales del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), los tres casos han sido por abuso de autoridad y lesiones.

La solicitud que hicieron los regidores priístas deberá de ser analizada por la Comisión de Justicia, quien será la primera en dictaminar el caso, quien preside esta comisión es Javín Guzmán Vilchis del PVEM.

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