EN CHIAPAS

Los niños viven en peores condiciones que los menores del resto del país

SANDRA DE LOS SANTOS

La cigüeña les hizo una mala jugada, los dejó en el lugar donde tienen mayores probabilidades de morir por una enfermedad curable y que sus derechos más fundamentales sean violados, donde existen el mayor número de viviendas sin agua potable, electricidad, drenaje y piso firme.

Según el II Conteo de Población y Vivienda 2005 el 35.9 por ciento de la población en Chiapas son niños, es decir personas entre los 0 y 14 años de edad, la mayoría de ellos vive en condiciones miserables según los propios datos oficiales que están plasmados en el informe de la Red por los Derechos de la Infancia denominada “La Infancia cuenta 2007”.

Este informe, que puede ser consultado a detalle en la página electrónica de la agrupación civil, señala que el estado continúa estando en los primeros lugares de mortalidad infantil.

El informe realizado con base a datos del INEGI, Oportunidades, los resultados de la prueba Enlace y otros indicadores oficiales pone en evidencia la situación en que se encuentran los niños en el estado.

SALUD

• El 86.7% de niños en Chiapas no son derechohabientes

Los niños en Chiapas no tienen garantizado el acceso a los servicios de salud. El 86.7 por ciento de la población menor de edad en el estado no es derechohabiente, la cifra más alta en todo el país.

El 19.8 por ciento de menores viven en riesgo nutricional y el 70.4 por ciento en condiciones de extremo riesgo nutricional, es decir que solo el 8.8 por ciento de los niños no tienen problemas de nutrición en Chiapas. Estos indicadores son similares a países Africanos.

Un aspecto fundamental que afecta la salud de los infantes se relaciona con las condiciones en las que nace, el peso al nacer es un indicador de las condiciones de vulnerabilidad que el nuevo bebe puede tener y pueda afectar su desarrollo, crecimiento y esperanza de vida.

Los bebes que nacen con un peso menor a los 2 kilos 500 gramos son un grupo de población que requiere de una atención especial por parte de las instituciones de salud, en Chiapas siete de cada 10 nacidos vivos pesan menos de 2 kilos y medio.

En lo que se refiere a cobertura en vacunación los índices de Chiapas disminuyeron de 95.5 bajo a 95.1 aunque cabe señalar que en posición subió y es que otros estados de la república también descuidaron la cobertura en vacunación.

EDUCACIÓN

• Niños chiapanecos con mayor rezago educativo

Los niños de Chiapas tienen menos probabilidades de terminar sus estudios que cualquier menor de otro estado del país. El estado ocupa el primer lugar en rezago educativo, esto incluye: falta de infraestructura, bajos índices de absorción escolar, altas cifras de reprobación y deserción.

Se considera que a los 8 años un niño debe saber leer y escribir, ya que a los 6 años cumplidos ingresa al primer año de primaria. En el año 2005, en Chiapas, 90 de cada 100 niños de 8 a 14 años han adquirido la habilidad de la lecto-escritura. En localidades rurales (menos de 2 500 habitantes) la proporción es de 87 de cada 100. Estos indicadores están debajo de la media nacional.

Cabe destacar que Chiapas es uno de los estados donde más niños no están inscritos en la escuela. Por municipio el mayor porcentaje de asistencia a una institución educativa se registra en Catazajá (95.3%); La Libertad, Tonalá y Tuxtla Chico con 94.9 por ciento cada uno, además de Chapultenango, Tuxtla Gutiérrez y Sabanilla con 94.8% cada uno; en contraste, Zinacacntán (69.9%), Mitontic (70.2) y Sitalá (74.5%) registran la menor.

Según los resultados de la prueba Enlace 2007, Chiapas ocupo el lugar número 27. Es decir, que los niños de primaria y secundaria que fueron evaludados, obtuvieron calificaciones más bajas en la media nacional.

REZAGO SOCIAL

• Niños trabajadores en Chiapas no tiene salario

El estado sigue siendo también la entidad con menor índice de niños menores de un año con acta de nacimiento este asunto es primordial para garantizar los derechos de los infantes y es que los menores que no están registrados difícilmente tienen derecho a la salud y la educación.

De acuerdo con el II Conteo de Población y Vivienda 2005, en Chiapas residen alrededor de 1.5 millones de habitantes de 0 a 14 años de edad (niños), cerca de 50 mil más que los registrados en el año 2000. La proporción de niños ha disminuido gradualmente de 44.2% en 1990, a 35.9% en 2005.

La relación hombres-mujeres de este grupo demográfico es de 103 niños por cada 100 niñas.En términos absolutos, los municipios con mayor número de niños (0 a 14 años) son: Tuxtla Gutiérrez con 142 mil niños; Tapachula con 89 mil; Ocosingo con 67 mil, San Cristóbal de las Casas con 54 mil y Chilón con 43 mil niños.

En términos relativos, el mayor porcentaje de niños lo registran Chanal (48.6%), Mitontic (47.8) y Chalchihuitán (47.3 por ciento); los menores se presentan en Catazajá (30.1%), Tuxtla Gutiérrez (28.2) y La Libertad (28 por ciento).Por grupos de edad, en Chiapas, hay 490 mil niños de 0 a 4 años, 512 mil de 5 a 9 años y 538 mil de 10 a 14 años. Sólo en la población infantil, la proporción de hombres es mayor que la de mujeres.

Las condiciones de vida de los niños en Chiapas está muy por debajo de los menores del resto del país. El 71.7 por ciento de los niños en Chiapas viven en hacinamiento. El estado ocupa los primeros lugares en tener más niños viviendo en hogares que no tienen agua potable, electricidad ni drenaje.

Chiapas tiene el índice más alto de niños trabajando en el sector doméstico y ocupa el tercer lugar en México de estados con más niños que a pesar de trabajar no reciben salario por ello.

Los niños que más sufren la falta a los servicios de salud, educación y vivienda digna son los indígenas, en gran medida los indicadores en Chiapas suben por las condiciones que viven los menores en las comunidades indígenas del estado.

Estos indicadores oficiales dejan en claro que la cigüeña les hizo una mala jugada a los niños de Chiapas, no hay de otra para ellos, aquí les toco vivir.

Denuncia casos de tortura en Chiapas

SANDRA DE LOS SANTOS

En Chiapas en tan solo una semana se han denunciado públicamente cuatro casos de tortura, uno de ellos en contra de un menor. Esta violación a los derechos humanos se ha dado en la misma semana en que un grupo de observadores internacionales de las garantías individuales recorrió diferentes comunidades de influencia zapatista.
Los casos de tortura fueron denunciados por la Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos, el Centro de Análisis Político e Investigaciones Sociales y Económicas, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y las Juntas de Buen Gobierno del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
El pasado 05 de febrero Felipe Hernández Yuena junto con su hijo Pavel Santiago Hernández Hernández de seis años fueron detenidos por elementos de la Agencia Estatal de Investigación y funcionarios del Ministerio de Justicia del Estado en el municipio de Venustiano Carranza.
Según el testimonio de Felipe Hernández, fue arrestado al mediodía del 05 de febrero sin que le mostraran una orden de aprehensión, ni le permitieran dejar a resguardo a su hijo con su esposa o conocidos.
Felipe Hernández y su hijo fueron llevados a dos lugares distintos que refieren como instalaciones policíacas. El menor de edad estuvo en un separo policial, mientras su padre era interrogado sobre su actuar político y con la intención de vincularlo con el Ejército Popular Revolucionario (EPR).
“A cada pregunta un golpe en la nuca con la palma de la mano cachetas y en el estomago y como yo les contestaba que no sabia nada de lo que me estaban preguntado, los golpes eran mas duros y mas seguidos, esto duro cerca de una hora y media” cuenta el agraviado.
Después de los golpes siguieron otros actos de tortura colocándoles una bolsa de plástico en la cabeza, golpes en el abdomen y tórax, asfixia para taparle la nariz y boca y amenazas constantes de traer a su esposa e hijo.
Al detenido las autoridades judiciales lo involucran con el EPR y con la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ) en el municipio de Venustiano Carranza.
Con muestras de tortura por la tarde, el detenido fue llevado ante la Fiscalía del Ministerio Público quien le informó sobre una acusación en su contra promovida por un señor de nombre Manuel Martínez Borraz, quien no exhibe credencial de elector y ninguna referencia hacia su persona, mismo que supuestamente lo acusa de incitar a la violencia, desestabilizar al gobierno del estado, de ser el líder de la manifestación que se realizó el 31 de enero de 2008, de luchar contra el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y por pedir precio justo a la tonelada de maíz, lo cual a consideración del FMP configuraba el delito penal de sedición y motín. La misma Fiscal insistió en interrogarlo vinculándolo con el EPR, a lo que Felipe se negó a declarar en tanto no estuviera presente un abogado de su confianza ya que deseaba denunciar los hechos de tortura solicitando garantías a su integridad física, este derecho le fue ignorado y nuevamente fue llevado a los separos del Ministerio en donde continuó la tortura. Por otra parte y sin certeza de lo que haya ocurrido al niño Pavel, el menor refiere que en todo el tiempo de su detención no le fueron proporcionados alimentos; además de haber sido aislado de su padre, presenció la detención y sometimiento. Después de una amplia participación social de organizaciones civiles y campesinas que se solidarizaron con el caso de Felipe y Pavel, el 06 de febrero por la tarde salió en libertad bajo la figura jurídica de “reservas de ley” que aún no lo exime de la supuesta acusación.
Asimismo, en esta misma semana, los mismos centros de derechos humanos denunciaron la detención y tortura de dos bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
Eliseo Jiménez y Eliseo Espinosa, padre e hijo, fueron detenidos y llevados al Centro de Readaptación Social (Cereso) de Playas de Catazaja. Ambos al momento de su liberación el pasado viernes 08 de febrero presentaron huellas de tortura.
Ambos, dice el reporte de los organismos de defensa de los derechos humanos, presentaban huellas de tortura: golpes en su anatomía, quemaduras en la espalda baja y un disparo con un arma de fuego en el pie que sufrió Eliseo Jiménez.
A inspección médica, el estado de salud de Eliseo Jiménez es delicado presentando: dificultad para respirar, tos frecuente, quemadura en la espalda, herida de bala en el dedo del pie derecho, brazo derecho inmovilizado, raspaduras en la oreja izquierda, dificultades para digerir al comer ya que lo devuelve y estado de estrés.
Los centros de derechos humanos y la Junta de Buen Gobierno también denunciaron que durante el proceso de defensa hubieron obstrucciones.
Ante estos hechos, los organismos de defensa de las garantías individuales exigieron el cese de tortura en los centros penitenciarios, castigo a los responsables de estos hechos.
También pidieron investigar la asociación de la policía estatal con miembros de la Organización Para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (OPDDIC) para amenazar, hostigar y agredir impunemente a pobladores de la región e informar las causas de la reciente liberación de Pedro Chulin Jiménez, fundador y líder de la OPDDIC, quien permanecía recluido en el penal del Amate y cuya actuación puede repercutir en un incremento de las hostilidades en las comunidades de influencia zapatista y consideraron como anticonstitucional la Ley, recientemente aprobada en Chiapas, que criminaliza la protesta.

Castigan las movilizaciones sociales en Chiapas

SANDRA DE LOS SANTOS

Ante la reciente aprobación por parte del Congreso del Estado de una iniciativa de Ley enviada por el gobernador, Juan Sabines Guerrero, que castiga las movilizaciones sociales, diferentes organismos de defensa de los derechos humanos en Chiapas se sumaron a la campaña nacional en contra de la criminalización de la protesta social que impulsa la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos. En menos de un mes, en Chiapas se han registrado diferentes hechos, que apuntan a la criminalizacion de la protesta denunciaron los organismos de defensa de los derechos humanos como: Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, en San Cristóbal de las Casas; Centro de Derechos Humanos "Fray Matías de Córdova" en Tapachula; el Centro de Derechos Indígenas (CEDIAC)en Bachajon; el
Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos en San Cristóbal; ek Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (CDLI) en Palenque y el Comité de Derechos Humanos "Fray Pedro Lorenzo de la Nada" en el municipio de Ocosingo. El pasado el 17 de enero el Congreso del Estado aprobó la iniciativa del gobierno estatal para crear el delito de incitación a
la violencia que establece “Al que por cualquier medio de
manera pública o privada incite a cometer un delito, o haga la
apología de éste o de algún vicio se le impondrá prisión de seis meses
a tres años y multa de diez a cincuenta días de salario”.
Es en la exposición de motivos en donde se revelan los destinatarios de la creación de este nuevo delito, textualmente refiere: "el sujeto activo que exteriorice o materialice una conducta al manifestar por cualquier medio, pudiendo ser de manera escrita, verbal, electrónica, signos, gráficos o cualquier otro medio posible, realice de manera pública o privada, provocar el ejercicio de la violencia, de un delito o apología de estos o de algún vicio, con el propósito de causar daño físico, psicológico, emocional, para impedir el ejercicio de un derecho o del servicio público u otros análogos, en contra de cualquier persona física o moral privada u oficial". Con esta nueva reforma al código penal se crea un mecanismo más de inhibición social para la denuncia y movilización ciudadana, bajo el supuesto de que al reclamar derechos afectados están "incitando" a la violencia consideraron los organismos de defensa de los derechos humanos.
El pasado 30 de Enero, elementos de la Policía Estatal Preventiva desalojaron a un grupo de indígenas que realizaban un plantón afuera de las oficinas de la Secretaría de Pueblos Indios (SEPI), la protesta de los indígenas, pertenecientes a la Alianza de Organizaciones y artidos Políticos para el Desarrollo y Defensa de los Derechos de las doce Lenguas Indígenas, reclamaba pacíficamente la destitución del titular de la dependencia estatal.
El 31 de Enero, fue detenida la caravana de vehículos de la
Organización de Maiceros de la región Centro de Chiapas que participó
en la concentración de Tuxtla Gutiérrez en el marco de las
movilizaciones de protesta contra la apertura del paquete agropecuario
del Tratado de Libre Comercio (TLC). En el operativo, policías
estatales en coordinación con elementos de la Agencia Estatal de
Investigaciones y de Agencia Federal de Investigaciones detuvieron a
Pedro Matusalén Vázquez, originario de la comunidad de Nicolás Ruiz.
Al anochecer el campesino fue liberado bajo la advertencia de no
volverse a meter en nada y decirle a sus compañeros que no volvieran
a venir porque a la próxima serían más. El 5 de febrero, uno de los principales oradores en la
movilización campesina que se celebró en Tuxtla Gutiérrez el pasado 31
de enero, Felipe Hernández Yoena, fue detenido por policías estatales,
quienes lo acusaron de los delitos de motín y rebelión. La detención
se dio en la cabecera municipal de Venustiano Carranza, donde
Hernández Yoena labora como maestro de matemáticas. Sus
compañeros campesinos recibieron otra advertencia al decirles que el
problema del TLC era federal, que no tenían porqué manifestarse en
Chiapas, que el gobernador no quería manifestaciones ni problemas en
el estado.
El mismo 5 de Febrero, policías estatales y municipales
desalojaron a habitantes de las colonias Pomarosa, Miravalle,
Villareal, y Canteras de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez mientras se
manifestaban frente al palacio de gobierno para exigir seguridad en su
zona y es que recientemente fue atacada una monja en un paso peatonal ubicado cerca de estas colonia, nadie pudo auxiliar a la religiosa porque el paso peatonal estaba tapado con publicidad. Al respecto el alcalde de Tuxtla Gutiérrez, Jaime Valls Esponda advirtió que va a hacer prevalecer la ley por encima de intereses personales o de grupo.
Los hechos que se han registrado en menos de un mes en Chiapas dan cuenta de la tendencia hacia criminalizar las protestas sociales y
ciudadanas en la exigencia de sus derechos manifestaron las agrupaciones sociales y organismos de defensa de los derechos humanos.
Insistieron en que la protesta social es la garantía social de los derechos humanos frente a gobiernos que incumplen con garantizar los mismos.