Debe garantizar Estado libre maternidad

Debido a que en México cada día tres mujeres pierden la vida por causas relacionadas con el embarazo, parto y puerperio, es necesario que se implementen tanto a nivel nacional como en cada uno de los estados de la república políticas públicas encaminadas a disminuir la mortalidad materna consideraron diversas organizaciones civiles que forman parte de la campaña “Por una maternidad libre y voluntaria”.
Chiapas, de acuerdo a cifras oficiales, a nivel nacional ocupa el quinto lugar de riesgo de que una mujer muera por causas relacionadas al embarazo debido a las condiciones de pobreza y los problemas de acceso a los servicios de salud.
A pesar de los compromisos asumidos por el gobierno mexicano durante las conferencias de El Cairo y Pekín y refrendados con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que en Chiapas son reconocidos en la Constitución, el derecho a una maternidad libre, voluntaria y gozosa no es una realidad para las mexicanas consideraron las activistas en un comunicado de prensa difundido ayer.
La falta de políticas públicas para atender y frenar la muerte materna pone en riesgo la vida de las mexicanas, y las coloca en una posición de injusticia social, ya que son muertes que pueden ser evitadas.
Hasta 2006 el Estado mexicano contaba con un programa rector para abatir la mortalidad materna. El programa Arranque Parejo en la Vida concentraba en su objetivo frenar la muerte materna, aunque dejaba esa responsabilidad a las comunidades. Hoy, el Seguro para una Nueva Generación, contenido dentro del programa Seguro Popular, no deja en claro las metas y los recursos para disminuir la mortalidad materna.
El artículo cuarto constitucional garantiza el derecho de las y los mexicanos a decidir el número y tamaño de sus familias. Tal determinación está ligada al acceso a métodos de anticoncepción modernos.
Tres de cada diez mujeres que se convierten en madres son adolescentes, pese a ello el 25 por ciento de las adolescentes que tiene vida sexual activa no utilizan ningún método anticonceptivo por falta de acceso o desconocimiento de los mismos.
El desabasto de anticonceptivos ha disminuido en las últimas décadas. En 2009 sólo 10 por ciento de las mujeres con vida sexual activa carecía de métodos anticonceptivos. Sin embargo, para las mujeres de 15 a 19 años de edad la demanda insatisfecha de anticoncepción es del 25 por ciento, mientras que para las de 20 a 24 años es del 17 por ciento, según la Encuesta Nacional de Dinámica Demográfica 2009.
Esta situación se agrava con las reformas constitucionales en 18 estados, entre ellos Chiapas, para proteger la vida desde la concepción y que criminalizan el derecho a decidir de las mujeres sobre su cuerpo. La penalización del aborto, lejos de evitar esta práctica, coloca en riesgo la vida de las mexicanas, ya que según la Secretaría de Salud (Ssa), en el 2000 fueron hospitalizadas160 mil mexicanas por padecimientos vinculados al aborto, este número creció a 180
mil en 2009, año en el que cada día 484 mujeres ingresaron a un hospital por aborto.
El análisis de Ipas México, con base en información oficial, señala que de las 27 mil150 muertes maternas registradas de 1990 a 2008, una de cada 13 ocurrieron a causa de complicaciones derivadas de abortos mal practicados.
Del total de muertes maternas por aborto, 13 por ciento eran adolescentes y niñas, mientras que 65 por ciento de quienes fallecieron carecían de seguridad social. Fueron atendidas en instituciones de la SSA, algunas eran beneficiarias del Seguro Popular.
El Estado debe garantizar la maternidad y paternidad, no como un destino biológico, sino como una opción libre y gozosa de las mujeres y hombres. De ahí que un Estado de Derecho deba apoyar por igual la opción de ser madre o padre, como el de no serlo facilitando ayudas para ambas elecciones manifestaron las organizaciones.