Lucha de México contra el narcotráfico y la inseguridad genera la violación de derechos humanos, denunciaron organizaciones ante la CIDH

La desaparición forzada es un crimen cada vez más común en los estados del norte

Washington D. C., 28 de marzo del 2011. El exdirector de Seguridad Pública en el municipio de Torreón (Coahuila) admite ante una periodista que cuando “agarra” a un miembro del cartel de los Zetas lo mata. La reportera le replica: “Nomás Dios debe decidir quién debe morir y quién debe vivir”. El funcionario responde: “Pues sí, pero hay que darle una ayudadita”. Con este testimonio grabado del general Carlos Bibiano Villa Castillo abrió la audiencia sobre seguridad ciudadana en México, convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington D. C., Estados Unidos.

La llamada “guerra contra el narcotráfico” que ha mantenido México contra el crimen organizado durante los últimos años ha sido infructuosa y ha generado graves violaciones a los derechos humanos. Esta fue la denuncia que organizaciones de la sociedad civil expresaron ante la CIDH.

El Estado mexicano ha implementado “operativos conjuntos” militarizados de seguridad, en los que interviene el Ejército, la Policía Federal y las policías locales en actividades de vigilancia, patrullaje e investigación, principalmente en los estados fronterizos del norte. La tasa de homicidios se ha incrementado exponencialmente en todas estas demarcaciones.

Mariclaire Acosta, miembro de los consejos directivos de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y de CEJIL, afirmó que la estrategia estatal no ha reducido el crimen ni la impunidad y, por el contrario, ha minado la confianza de la ciudadanía en las instituciones.

“El incremento de la violencia y las actividades delictivas como el secuestro, la extorsión y -sobre todo- el asesinato, se dispara en donde está la presencia armada del Estado”, afirmó Acosta.

En este sentido, Stephanie Brewer, del Centro PRODH, agregó que la militarización de la seguridad amenaza las garantías ciudadanas pues “los agentes estatales se sienten en total libertad para violar los derechos humanos con impunidad”. Este es el motivo por el cual han aumentado las detenciones arbitrarias, las torturas, las ejecuciones, las desapariciones y otras graves violaciones de derechos humanos.

La situación también compromete el trabajo de los defensores y defensoras de derechos humanos, como lo expresaron Diana Morales, del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (de Ciudad Juárez), y Gabino Gómez, del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de Chihuahua. El hostigamiento, las amenazas y los asesinatos de activistas se han incrementado en estas zonas en conflicto sin que el Estado pueda ofrecer una protección adecuada. Durante la audiencia se expusieron ejemplos dramáticos sucedidos en Chihuahua, los cuales evidencian una tendencia de recrudecimiento en el peligro que corren los defensores y defensoras.

Durante la audiencia, los comisionados de la CIDH expresaron un especial interés por el problema de la desaparición forzada en México. Según Carlos Zazueta, abogado de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A. C. (CADHAC), en los estados del norte de México son frecuentes las desapariciones perpetradas incluso por los propios agentes del Estado. Ante las denuncias, Zazueta afirmó que las autoridades judiciales simulan pesquisas o simplemente no las hacen. Por ello, denunció el subregistro por el miedo a la denuncia, y expresó su preocupación por la inadecuada o faltante tipificación del delito de desaparición forzada, así como por la ausencia de un recurso adecuado para encontrar a personas desaparecidas.

Por su parte, la delegación del Estado mexicano justificó sin sustento la política de seguridad implementada durante la administración del Presidente Felipe Calderón. Entre otros, el subsecretario de Prevención, Vinculación y Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad Pública, Monte Alejandro Rubido, justificó la estrategia de seguridad y afirmó que, gracias a las acciones derivadas de ella, se ha logrado detener la expansión de la actividad criminal a otras zonas del país. No obstante, la representación mexicana no se refirió al tema del incremento en los crímenes de violencia en los estados del norte ni a los hechos concretos presentados por las organizaciones de la sociedad civil.

Las organizaciones peticionarias concluyeron su exposición instando a la CIDH para que exhorte al Estado a asumir las recomendaciones planteadas en su Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos (publicado en el 2009) como el camino a seguir para garantizar una seguridad real de la ciudadanía ante el problema de la violencia en México. Asimismo le solicitaron a la Comisión que realice una visita in situ para que compruebe la situación de los derechos humanos en México y que emita posteriormente recomendaciones precisas al Estado para solventar las graves violaciones de derechos humanos que se están cometiendo.
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