Seis mujeres mueren cada mes por causas relacionadas al embarazo en Chiapas

Sandra de los Santos.- En Chiapas al menos seis mujeres mueren cada mes por causas relacionadas al embarazo debido a esto organizaciones de la sociedad civil demandaron a los tres niveles de gobierno acciones y programas para disminuir la mortalidad materna en Chiapas, uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).

Las organizaciones integrantes de la campaña por una maternidad libre y voluntaria pidieron ayer, día por la salud de las mujeres, tanto al gobierno federal como del estado crear políticas públicas para mejorar las condiciones de salud del sector femenino.

De acuerdo a información oficial de la Secretaría de Salud del Estado, obtenida mediante una solicitud de información haciendo uso de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, en Chiapas del 2006 al 2009 murieron por causas relacionadas al embarazo 324 mujeres.

En el 2006 se registraron 82 defunciones maternas, en el 2007 fueron 78 mujeres que perdieron la vida por causas relacionadas al embarazo, en el 2008 fueron 92 mujeres y en el 2009 71 madres murieron.

La Secretaría de Salud del Estado aún no cuenta con los datos definitivos sobre las defunciones maternas del 2010.

De acuerdo a la dependencia de salud en el estado en Chiapas las principales causas de muerte materna son: hemorragia obstétrica, síndrome hipertensivo del embarazo y la septicemia.

Las jurisdicciones sanitarias que presentaron mayor número de muertes maternas del 2006 al 2009 son, en ese orden: Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, Pichucalco, Palenque, Ocosingo y Motozintla.

Las causas de la muerte materna, en su mayoría, son prevenibles y tiene una alta influencia para lograr evitarlas el acceso a los servicios de salud.

Aseguran OSC que Enlace discrimina a estudiantes indígenas

Sandra de los Santos.- Integrantes de diversas Organizaciones de la Sociedad Civil, que conforman Congreso Nacional Indígena e Intercultural, condenaron que la Secretaría de Educación Pública (SEP) no haya tomado en cuenta las observaciones de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación (Conapred) respecto a la aplicación de la prueba Enlace.

En febrero de este año la Conapred, ante la denuncia de docentes de la primaria indígena del Porvenir en San Juan Cancuc, determinó que la aplicación de la prueba Enlace es un acto discriminación indirecta hacía las niñas y niños indígenas ya que la evaluación atenta contra las necesidades y características propias de la diversidad cultural y lingüística de las comunidades indígenas.

A pesar que el Secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio Irazábal aceptó la resolución de la Conapred y se comprometió a tomar medidas para evitar la discriminación a los pueblos indígenas, la prueba se está aplicando a partir del 23 de mayo en todo el país bajo las mismas condiciones.

Ante esta situación es que las organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Melel Xojobal que trabaja con niños y niñas indígenas en Chiapas, manifestaron su rechazo a la aplicación de la prueba Enlace que se lleva a cabo del 23 al 27 de mayo.

Pidieron al gobierno federal garantizar el acceso a la educación sin ningún tipo de discriminación y respetar el derecho de las niñas y niños indígenas. Dejaron en claro que están de acuerdo con las evaluaciones en educación siempre y cuando se haga con pertinencia y justicia de acuerdo a los contextos lingüísticos y culturales de los pueblos indígenas.

Congreso de Chiapas de los menos transparentes en México

• Son de los mejores pagados y que menos rinden cuentas

Sandra de los Santos.- El Congreso Local de Chiapas, junto con el Tlaxcala, Baja California Sur y Querétaro, fue de los peor calificados en cuanto al uso de recursos públicos, información que tratan y leyes que reforman de acuerdo a un estudio realizado por el investigador de la Universidad Autónoma de México (Unam), Khemvirg Puente, que fue difundido ayer en diferentes medios nacionales.

Aunque el estudio de referencia no habla acerca de los salarios que perciben los diputados, cabe mencionar que los legisladores chiapanecos son de los mejores pagados del país a pesar de su opacidad legislativa.

Los diputados chiapanecos locales cobran 67 mil 602 pesos mensuales libres de impuestos. Los congresistas locales de Nuevo León, el estado con mayor índice de desarrollo humano del país, tienen un sueldo neto mensual de 50 mil 710 pesos; los de Veracruz, 58 mil 123 pesos; los de Sinaloa, 43 mil 188 pesos; los de Michoacán, 50 mil pesos; los de Tabasco, 52 mil 958 pesos; y los de Morelos, 57 mil 247 pesos, por mencionar algunos ejemplos.

En la legislatura pasada los diputados se disminuyeron el 10 por ciento de su sueldo y es que antes ganaban 75 mil 113 pesos mensuales libres de impuestos. A pesar de la disminución su sueldo sigue siendo superior a los de la mayoría de diputados locales del país.

Según el estudio denominado la transparencia legislativa local en México las cámaras locales de Tlaxcala, Chiapas, Baja California Sur y Querétaro ocupan en lo general el más bajo desempeño.

En cuanto a transparencia en asuntos administrativos, Tlaxcala, Chiapas, Guanajuato y Tamaulipas son los congresos peor calificados y en lo que se refiere a trabajo legislativo de nuevo los Congresos de Tlaxcala, Baja California Sur y Chiapas, más del de Yucatán, resultan ser los más opacos.

En la propia página electrónica del Congreso Local se puede constatar que el Poder Legislativo no cumple con todas las obligaciones de transparencia de información pública de oficio. Cabe hacer mención que por la naturaleza de sus funciones seis de estas 20 obligaciones no aplican para el Congreso Local, lo que se refiere a: actos resolutivos, licitaciones, sentencia y resoluciones, sentencias y controversias, ingresos propios e informe de partidos.

En el portal del Congreso Local en lo que se refiere a información pública de oficio se puede consultar y está a disposición lo referente a: directorio, remuneración mensual, normas básicas, estructura orgánica, unidad de acceso, participación ciudadana e información relevante.

Sin embargo, hay ocho obligaciones de transparencia que no están actualizadas desde que inició esta legislatura, entre la información que debería de estar y no se encuentra pública o actualizada, está: el presupuesto de egresos del 2011, las auditorias concluidas, la legislación estatal vigente, la cuenta pública del estado y los municipios, las iniciativas y decretos, destino de recursos y los indicadores de gestión.

En diferentes ocasiones el presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, Juan Jesús Aquino Calvo ha sido abordado sobre este tema y ha dicho que la falta de cumplimiento se debe a que no cuentan con el equipo tecnológico para subir la información a su portal de internet.

Por otra parte, la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso Local, Arely Madrid Tovilla no ha informado hasta ahora a cuánto asciende el recurso que se invirtió para las recientes remodelaciones en el Poder Legislativo, pese a la insistencia de los medios de comunicación.

Khemvirg Puente señala en su investigación que ningún congreso local existen sanciones a los diputados que no desempeñan adecuadamente su encargo, ni un órgano de gobierno fuerte que permita el correcto desarrollo del trabajo parlamentario a través de los acuerdos entre coordinadores parlamentarios.

En el estudio el investigador de la Unam toma en cuenta diferentes indicadores como el tiempo de los periodos ordinarios. Chiapas es uno de los estados con periodos ordinarios de menos de 32 semanas. En el último periodo de receso la mayoría de los diputados locales dejaron de asistir al Poder Legislativo y en lo que va del periodo ordinario no se ha presentado ninguna iniciativa que salga de los propios diputados.

Allanamiento por segunda vez a oficinas de Cimac

México, DF, 23 may 11 (CIMAC).- A dos meses de cumplirse tres años del primer allanamiento a las oficinas de Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), asociación dedicada a divulgar la situación social y los derechos de las mujeres, por segunda ocasión sufrió un allanamiento y robo en sus instalaciones.

Hoy, a las 9:50 de la mañana, representantes de la organización denunciaron estos hechos ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), con el registro FCH/CUH-6/T2/00948/1105, con la exigencia de que en esta ocasión los hechos no queden impunes tal y como ocurrió con la primera averiguación por allanamiento y robo a CIMAC, registrada el 28 de julio de 2008.

En aquella ocasión, la PGJDF suspendió la indagatoria y cerró el expediente tres meses después de iniciada la investigación.

Ante la falta de resultados, un año después de los hechos, la organización presentó una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del DF (CDHDF) y tuvo acceso al expediente, en el cual se constató que después de que se levantó la evidencia en la organización, el personal de la Procuraduría no realizó investigación alguna.

Lucía Lagunes Huerta, coordinadora Ejecutiva de CIMAC, hizo un llamado a la PGJDF para que proteja a la ciudadanía y garantice su acceso a la justicia, además de que exigió castigo a los responsables.

La periodista señaló que quienes ingresaron a la asociación esculcaron gavetas, rompieron una puerta, cerraduras, y se llevaron equipo de las áreas de contabilidad, , Televisión, administración, de la agencia de noticias, así como de la coordinación ejecutiva y del centro de documentación. Los allanadores cortaron los cables del internet y dañaron un medidor de energía eléctrica.

Además tiraron al suelo diversos reconocimientos otorgados a CIMAC por su labor periodística con visión de género.

Agregó que es posible inferir que no se trata de un robo de la “delincuencia común, por lo que solicitó que la denuncia se remitiera de la agencia investigadora número 6 a la Fiscalía Especial 50, para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión” (antes llamada Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas).

Todavía se desconoce el monto de los daños y objetos robados, debido a que continúan los peritajes. En tanto, la coordinadora Ejecutiva de CIMAC aseguró que “al igual que la vez pasada, no nos vamos a detener”.

CDHDF Y OSC CONDENAN HECHOS

En un comunicado, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) condenó “enérgicamente” el allanamiento a las instalaciones de Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC), e informó que inició una queja y solicitó medidas precautorias a las autoridades capitalinas.

La CDHDF expresó su solidaridad con el personal de CIMAC e informó que buscará que el proceso de investigación que emprenderá el Ministerio Público (MP) especializado, agote todas las líneas de investigación por los hechos- relacionadas con el obstáculo a la libertad de expresión- registrados la madrugada del pasado 20 de mayo.

La CDHDF, informó que acompañó a representantes de la asociación a interponer la denuncia ante el Ministerio Público (MP) por robo y allanamiento.

Por otra parte, organizaciones civiles y defensoras de derechos humanos y libertad de expresión, condenaron el allanamiento pues dijeron, se trata de una agresión a la libertad de expresión toda vez que recordaron, que desde su fundación en 1998, CIMAC, se ha caracterizado por denunciar violaciones a los derechos humanos de las mujeres así como por ser un importante difusor de información en América Latina sobre la situación de las mujeres en el país.

Las organizaciones hicieron un exhorto a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal a llevar a cabo las investigaciones pertinentes para que esclarezcan de manera pronta los hechos, tomando en cuenta la línea de investigación que vincule estos hechos con el ejercicio de sus profesión y reiteraron la necesidad de que se aclaren los hechos ocurridos en julio de 2008 contra la misma oficina.

Entre las organizaciones se encuentran ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica, Casa de los Derechos de periodistas Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), y la Red Periodistas de a Pie.

Suspenden sesión extraordinaria por falta de quórum

Sandra de los Santos.- La sesión extraordinaria en el Congreso del Estado en la que se discutirían 16 iniciativas de Ley se suspendió ayer por falta de quórum. A las 14:00 horas de estaba programada la sesión del pleno del Poder Legislativo, sin embargo la inasistencia de los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) impidió que se llevara a cabo.

Terminando la sesión de la comisión permanente, la mayoría de los diputados, a excepción de los del PRI, se fueron a la sala de sesiones para iniciar el periodo extraordinario, el cual se suspendió hasta el próximo viernes 06 de mayo a las 10:00 horas.

A casi una hora de retraso de la sesión, el presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, Juan Jesús Aquino Calvo fue cuestionado por los medios de comunicación sobre el retraso de la reunión “estamos esperando que haya quórum” dijo el legislador, a lo que los reporteros le señalaron que los únicos que faltaban eran los de la bancada priísta, el panista volteó a ver los curules donde se sientan los de la fracción del tricolor y repitió “sólo esperamos que haya quórum”.

Media hora más tarde y ante la evidente presión de sus compañeros, el presidente de la mesa directiva salió de la sala de sesiones buscando a los legisladores priístas, minutos más tarde regresó y se reunió con los diputados de su bancada, después con los del PRD y las otras fracciones.

En los círculos de diputados que se formaron en diferentes partes de la sala de sesiones, los legisladores alegaban, manoteaban, los más molestos parecían los del PRD y sobre todo su coordinadora, Rosario Pariente Gavito.

Después Juan Jesús Aquino Calvo subió a la mesa directiva pidió que se pasara lista de asistencia, sólo 21 diputados estaban en la sala y para iniciar la sesión se necesitaban 27. Al término del pase de lista entraron la coordinadora del PRI, Arely Madrid Tovilla acompañada del diputado Harvey Gutiérrez , pero sólo alcanzaron a escuchar como el panista decía que por falta de quórum se declaraba un receso hasta el viernes 06 de mayo a las 10:00 horas.

Juan Jesús Aquino Calvo bajó a toda prisa de la mesa directiva, en el camino le habló la diputada, Arely Madrid cruzaron unas palabras y cada uno se fue por su lado. Frente a los medios el presidente de la mesa directiva mencionó que la tardanza de sus compañeros era algo que tenía que explicar la coordinadora de esa bancada, dijo que era respetuoso de los tiempos de cada fracción parlamentaria para analizar las iniciativas de Ley y que no serían sancionados los diputados que no asistieron a la sesión de ayer.

Después de la entrevista, entraron a la sala de sesiones, ya cuando la mayoría de los diputados se habían retirado, el resto de los congresistas del PRI.

Arely Madrid Tovilla aseguró que la tardanza fue porque estaban analizando las 16 iniciativas que iban a ser discutidas y hasta dejó entrever que para ella era una exageración que la sesión se restableciera hasta el viernes. “Pudo haber sido un receso de media hora”.

La diputada del PRI descartó que el retraso se debiera a que estuvieran inconformes con alguna de las iniciativas así también comentó que la inconformidad de “algunos” diputados del PRI porque el Ejecutivo del Estado no los había recibido en audiencia ya fue resuelta.

El próximo viernes a las 10:00 horas, si se alcanza el quórum, se restablecerá la sesión extraordinaria.

Solicita procuraduría desafuero del alcalde de Tumbalá

Sandra de los Santos.- La Procuraduría de Justicia del Estado solicitó ayer al Congreso del Estado iniciar un juicio de procedencia en contra del presidente municipal de Tumbalá, Porfirio Ramos Torres.

La solicitud de desafuero fue enviada a la Comisión de Justicia durante la sesión de la comisión permanente de ayer, la cual se encargara de dictaminar el tema.

Cabe recordar que el delito que se le imputa al presidente municipal de Tumbalá es el de lesiones y daños en contra Simón López Luna, indígena habitante de aquella localidad.

El presidente de la mesa directiva del Congreso Local, Juan Jesús Aquino Calvo señaló que el alcalde envió una carta al Poder Legislativo informando que el agredido le había otorgado el perdón por lo que solicitaba no se iniciara el proceso de desafuero, sin embargo el diputado explicó que en este caso no basta con el perdón de la victima ya que se trata de un delito grave.

“La autoridad compétete determinó que el delito es grave y se sigue por oficio así que no es suficiente el perdón del agraviado” dijo Juan Jesús Aquino Calvo. Cuando se trata de lesiones y daños que tardan más de 15 días en sanar se cataloga como delito grave como fue este caso por ello es que la Procuraduría de Justicia del Estado intervino a pesar que ya existe desistimiento del afectado.

Juan Jesús Aquino Calvo comentó que el presidente de Tumbalá sigue despachando en aquel municipio a pesar de que hace una semana integrantes del cabildo hicieron llegar un documento al Poder Legislativo Local denunciando que Porfirio Ramos Torres no se encontraba en la localidad.

El legislador precisó que no existe un tiempo determinado para que la comisión de justicia dictamine sobre el desafuero, ni tampoco para que el tema sea abordado por el pleno del Congreso Local o la Comisión permanente.

La comisión que tendría que dictaminar un posible desafuero del alcalde es la de justicia que preside Javin Guzmán Vilchis, que es del mismo partido político que Porfirio Ramos Torres.

Hace unos meses el hijo del presidente municipal de Jiquipilas hirió a una persona, mientras estaba detenido en la cárcel municipal. La Procuraduría de Justicia del Estado solicitó el desafuero para que se enfrentará a diferentes cargos, entre ellos abuso de autoridad y encubrimiento de un ilícito, sin embargo el ex alcalde presento licencia antes de ser desaforado y tiempo después presento una licencia indefinida. Al no ser desaforado tiene derecho a ocupar un puesto de representación popular o funcionario público.

Al ser cuestionado sobre si podría pasar lo mismo en este caso y el alcalde evadir la justicia, el presidente del Congreso del Estado aseguró que se procederá conforme a la Ley.